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El artículo 169, del Código del Trabajo, entre las causas legales para terminar el contrato individual de trabajo, incluye el numeral sexto que dice:

6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar.

El Código Civil, en el artículo 30, define a la fuerza mayor y caso fortuito, así:

Art. 30.- Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.
Los dos elementos esenciales que concurren para configurar el caso fortuito y la fuerza mayor son (i) la imprevisibilidad; y, (ii) la imposibilidad de resistir o de evitar el hecho o circunstancia.
En el caso fortuito el elemento que lo distingue es la imprevisibilidad, es decir, la imposibilidad de anticipar su ocurrencia considerando una apreciación razonable de las posibilidades y de los hechos o coyunturas habituales en la vida social. En el caso fortuito, la imposibilidad de anticipar su ocurrencia, anula la capacidad de reacción del o de los contratantes, y específicamente, del empleador. Es el caso de un terremoto u otro fenómeno similar que ocurre en forma súbita, intempestiva, de tal modo que la capacidad de previsión y de reacción queda anulada.
En la fuerza mayor, el elemento que lo caracteriza es la imposibilidad de resistir al hecho, aún en el evento de que se lo pudiere prever, es decir, los contratantes no pueden oponer resistencia para anular o disminuir los efectos dañosos aunque puedan haber advertido la ocurrencia del evento. La fuerza mayor puede (i) compartir la imprevisibilidad característica del caso fortuito, o (ii) puede anticiparse su ocurrencia, pero en ningún caso se la puede resistir.
El Código Civil del Ecuador identifica los dos temas, e incluye en la misma norma (artículo 30 del Código Civil) a los actos de autoridad. Estos actos se pueden anticipar, porque provienen o se sustentan en normas o actos anunciados y promulgados por la autoridad, pero, en cualquier caso, concitan la obediencia de los miembros de la comunidad, de modo que, legítimamente, no es posible resistirlos, ya que la desobediencia o resistencia son constituyen infracciones penadas. El orden público se apoya siempre en la obediencia a las leyes y a las autoridades.
El artículo 169, Nº 6 del Código del Trabajo acertadamente define el tema aludiendo a acontecimientos extraordinarios que los contratantes (i) no pudieron prever o (ii) que previstos, no lo pudieron evitar. La norma incluye por tanto, al caso fortuito, caracterizado por su imprevisibilidad, y a la fuerza mayor, definida por su inevitabilidad.
El artículo 169 del Código del Trabajo enumera todas las causales por las que puede concluir el contrato legalmente, sin que en tales casos la conclusión genere el pago de indemnizaciones. Las indemnizaciones, en materia laboral, consisten en el resarcimiento o reparación que el empleador debe al trabajador que ha sufrido despido intempestivo o conclusión del contrato de trabajo imputable al empleador y sin causa legal. Ni la causa mayor ni el caso fortuito son imputables al empresario, ya sea porque no pudo anticipar la ocurrencia del hecho dañoso a la actividad o centro de trabajo, o porque era imposible evitar su ocurrencia. En consecuencia, la responsabilidad en materia indemnizatoria se anula, ya que la conclusión del vínculo no proviene del ejercicio de la autonomía de la voluntad, sino de acontecimientos o hechos sobrevinientes y extraños a ella y, por tanto, insuperables. Se trata de asuntos exorbitantes, es decir, que exceden el ámbito razonable de las circunstancias en que normalmente se desarrolla actividad o se presta el servicio.
En el caso de la pandemia de coronavirus, la enfermedad y los acontecimientos derivados de ella, por su naturaleza, riesgo para la salud y dimensión, exceden la voluntad de los contratantes, y además, como señala la norma, superan la capacidad de reacción de la empresa o empleador y hacen imposible la ejecución del objeto del contrato, ya consista en una obra, en la prestación de un servicio o el cumplimiento de los actos de tracto sucesivo. Esos acontecimientos eximen de responsabilidad al empleador, ya que la conclusión del contrato que se adopte deviene de la imposibilidad de cumplirlo.
Si al caso fortuito y/o a la fuerza mayor se asocia uno o más actos de autoridad, como las decisiones gubernamentales, estado de excepción, no salir de casa, suspensión de tráfico y más disposiciones vigentes, se fortalece la imposibilidad de ejecutar el contrato y se fortalece la extinción de la responsabilidad del empleador por la eventual conclusión de la relación laboral, siempre que ella se motive adecuadamente en caso fortuito y fuerza mayor.

Atentamente,

CORRAL|BARRIGA ABOGADOS

1.- Antecedentes

Debido a la pandemia del Corona Virus 19 (COVID-19) que ha afectado el normal desarrollo de las actividades empresariales y laborales de manera extraordinaria, el Ministerio del Trabajo expide normas que regulan el teletrabajo, a fin de procurar que el impacto del evento no afecte a las relaciones de dependencia.

2.- Ámbito (Art. 2)

Durante la emergencia sanitaria las directrices del Acuerdo se aplicarán tanto para el sector público como para el privado.

3.- Es potestativo del Empleador (Art. 3)

Con la finalidad de garantizar la salud de los trabajadores de los sectores público y privado, será potestad de la máxima autoridad institucional del sector público y del empleador del sector privado implementar el teletrabajo emergente.

4.- Cómo se implementa (Art. 4)

El teletrabajo implica: i) la prestación de los servicios en forma no presencial, ii) en jornadas ordinarias o especiales de trabajo, iii) durante las cuales el trabajador realizará las actividades fuera de las instalaciones donde normalmente desarrolla su trabajo.

El teletrabajo emergente únicamente modifica el lugar donde se llevan a cabo las actividades laborales, sin que este pueda afectar las condiciones “esenciales” de la relación laboral, por lo que no puede vulnerar los derechos de los trabajadores, ni será causal para la terminación de la misma.

Durante la emergencia sanitaria se aplicarán las siguientes normas para los trabajadores:
1. La máxima autoridad institucional del sector público o el empleador del sector privado, serán quienes autoricen la realización de las actividades fuera de las instalaciones habituales de trabajo, siempre precautelando la prestación y operación de los servicios;
2. Corresponde al empleador, o sus delegados, establecer las “directrices, controlar y monitorear las actividades” que el teletrabajador emergente realice durante la emergencia sanitaria;
3. El teletrabajador emergente será responsable del “cuidado y custodia” de las herramientas y equipos de trabajo que le hayan sido provistos;
4. El teletrabajador será responsable de la información, su cuidado y confidencialidad, que deberá ser usada exclusivamente para la ejecución de sus labores;
5. Para la implementación e inicio del teletrabajo emergente solo será necesario el registro descrito más adelante.

Todo trabajador a quien la autoridad disponga que deba mantener aislamiento como medida preventiva para evitar contagios, se acogerá al teletrabajo emergente.

5.- Registro (Art. 5)

Para el sector público, la Unidad de Administración de Talento Humano institucional deberá enviar mediante correo electrónico el formulario de registro de teletrabajo emergente disponible en www.trabajo.gob.ec/registro-4/ a infoteletrabajo@trabajo.gob.ec.

Para el sector privado, los empleadores deberán realizar el registro en la plataforma SUT (Sistema Único de Trabajo), llenando la información de cada uno de los trabajadores que se acojan a esta modalidad.

Con la información remitida, el Ministerio del Trabajo realizará el registro tanto de servidores públicos, como trabajadores privados que se acojan a esta modalidad.

6.- Terminación del teletrabajo emergente (Art. 6)

El teletrabajo emergente culminará por: i) acuerdo de las partes, y ii) finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria.

7.- Reglas adicionales (Disposiciones Generales)

Una vez terminado el teletrabajo emergente, los empleadores deberán realizar los informes técnicos correspondientes bajo los cuales se implementó el teletrabajo emergente.

Tanto al inicio como al final de la medida, los empleadores comunicarán a sus trabajadores que se encuentran en la modalidad de teletrabajo emergente, o que dejaron de estar en ella.

Durante la emergencia sanitaria, observando las disposiciones del Ministerio de Salud Pública, todas las instituciones del sector público deberán “garantizar la provisión de los servicios públicos, la prestación de servicios de salud y velar por la seguridad” de la ciudadanía, incluyendo fronteras y terminales de todo tipo.

Atentamente,

CORRAL| BARRIGA ABOGADOS

El Ministerio del Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial 190, publicado en el R.O. S. 825 de 24 de agosto de 2016, expidió normas para regular el tele trabajo en el sector privado. Aún cuando estas normas no tienen una base legal, porque el Código del Trabajo no contempla esta posibilidad de forma de trabajo, hay una amplia base constitucional que podría habilitar que muchas empresas adopten este modo de trabajo desde la casa en épocas como la que vivimos actualmente.